La concesión del monopolio a ANTEL en la utilización de fibra óptica para servicios de internet ha hecho caer al gobierno en un traspié legal
© El Observador
La concesión del monopolio a ANTEL en la utilización de fibra óptica para servicios de internet ha hecho caer al gobierno en un traspié legal. El presidente José Mujica firmó la semana pasada un decreto estableciendo ese monopolio, para cerrar la controversia planteada por la utilización de Claro de fibra óptica para atender a un grupo de empresas privadas. La norma dispone en forma explícita que el ente estatal de telecomunicaciones es el único autorizado a ofrecer transmisión de datos por vía alámbrica. Pero el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, recordó con razón que los monopolios solo pueden establecerse por ley, nunca por decreto, lo cual torna inconstitucional la vía elegida por el Poder Ejecutivo.
El gobierno puede obviamente corregir su error anulando el decreto y procurando que su exigua mayoría parlamentaria apruebe una ley en igual sentido. Pero es una ruta que, bajo cualquier forma legal, conspira contra el interés nacional. Internet es hoy un instrumento insustituible en el desarrollo de los países. La red es básica para los negocios dentro y fuera del país, además de ser instrumento fundamental en múltiples aspectos culturales y de entretenimiento de los pueblos. Fomentar el desarrollo, que la administración Mujica proclama como meta, exige que el acceso a internet sea lo más amplio, eficiente y barato posible. Como en cualquier otra área de actividad, la existencia de monopolios restringe alcanzar ese objetivo.
Se asegura, en cambio, con la libre competencia entre proveedores públicos y privados. La puja por atraer clientes conduce en forma natural a mejorar y abaratar los servicios. Así ha ocurrido notoriamente en la explosiva telefonía celular gracias a que ANTEL, Claro y Movistar compiten sin restricciones, ofreciendo servicios en constante avance tecnológico y con atractivos tarifarios. Es una práctica que favorece tanto a las necesidades y el bolsillo de los usuarios como a la modernización de las comunicaciones dentro del país y con el exterior. Lo contrario sucede si el acceso a un servicio vital como internet se restringe al asegurarle a un único proveedor el monopolio de la utilización de fibra óptica.
El gobierno tiene obviamente interés en proteger a ANTEL de la competencia privada. Pero es perjudicial su conclusión de que el uso de fibra óptica quede reservado a un único proveedor, en este caso la empresa estatal. Una ley aprobada durante la administración Batlle le mantiene a ANTEL el monopolio de las comunicaciones por telefonía fija, pero no dice nada de la fibra óptica, que multiplica la velocidad y confiabilidad en la transmisión de datos y abre caminos para nuevos servicios. Ante la duda, la opción debe ser por la libertad. Y además, por razones prácticas de ventajas generalizadas, se impone reconocer la inconveniencia de asignarle a ANTEL el monopolio de su utilización, contrariando el principio internacional de “neutralidad tecnológica” y la saludable y modernizante libertad de competencia, que beneficia sin excepciones a todos, tanto a la población como al país, al ampliar las facilidades de acceso y aprovechamiento de los avances vertiginosos que se suceden día a día en el campo de las telecomunicaciones.
El gobierno puede obviamente corregir su error anulando el decreto y procurando que su exigua mayoría parlamentaria apruebe una ley en igual sentido. Pero es una ruta que, bajo cualquier forma legal, conspira contra el interés nacional. Internet es hoy un instrumento insustituible en el desarrollo de los países. La red es básica para los negocios dentro y fuera del país, además de ser instrumento fundamental en múltiples aspectos culturales y de entretenimiento de los pueblos. Fomentar el desarrollo, que la administración Mujica proclama como meta, exige que el acceso a internet sea lo más amplio, eficiente y barato posible. Como en cualquier otra área de actividad, la existencia de monopolios restringe alcanzar ese objetivo.
Se asegura, en cambio, con la libre competencia entre proveedores públicos y privados. La puja por atraer clientes conduce en forma natural a mejorar y abaratar los servicios. Así ha ocurrido notoriamente en la explosiva telefonía celular gracias a que ANTEL, Claro y Movistar compiten sin restricciones, ofreciendo servicios en constante avance tecnológico y con atractivos tarifarios. Es una práctica que favorece tanto a las necesidades y el bolsillo de los usuarios como a la modernización de las comunicaciones dentro del país y con el exterior. Lo contrario sucede si el acceso a un servicio vital como internet se restringe al asegurarle a un único proveedor el monopolio de la utilización de fibra óptica.
El gobierno tiene obviamente interés en proteger a ANTEL de la competencia privada. Pero es perjudicial su conclusión de que el uso de fibra óptica quede reservado a un único proveedor, en este caso la empresa estatal. Una ley aprobada durante la administración Batlle le mantiene a ANTEL el monopolio de las comunicaciones por telefonía fija, pero no dice nada de la fibra óptica, que multiplica la velocidad y confiabilidad en la transmisión de datos y abre caminos para nuevos servicios. Ante la duda, la opción debe ser por la libertad. Y además, por razones prácticas de ventajas generalizadas, se impone reconocer la inconveniencia de asignarle a ANTEL el monopolio de su utilización, contrariando el principio internacional de “neutralidad tecnológica” y la saludable y modernizante libertad de competencia, que beneficia sin excepciones a todos, tanto a la población como al país, al ampliar las facilidades de acceso y aprovechamiento de los avances vertiginosos que se suceden día a día en el campo de las telecomunicaciones.
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