Durante
su primer mensaje a la nación, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a
generar mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones. Además, las
tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso (PRI, PAN y PRD)
firmaron el Pacto por México que, entre otros compromisos, señala el
reordenamiento del régimen jurídico de las telecomunicaciones en una sola
ley.
Desde hace años la AMEDI ha señalado la necesidad de reformar en su
integridad las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones y
otras legislaciones secundarias para que contemplen los principios de
pluralidad, diversidad y competencia en un entorno de servicios convergentes, de
tal manera que se alcance la democratización del sistema de medios de
comunicación y se creen los debidos contrapesos a los llamados “poderes
fácticos”.
Las diversas iniciativas de ley que ha propuesto, impulsado o
apoyado la AMEDI han encontrado reiterados obstáculos por parte de las
televisoras privadas, personeros de ellas instalados en el Congreso, así como
por diversos gobiernos doblegados al poder mediático y alejados del interés
público en materia de políticas de comunicación.
Las reformas propuestas
en el Pacto por México, así como los compromisos que con ese documento han
adquirido tanto el Ejecutivo como los tres principales partidos políticos, abren
la posibilidad de que se cumplan algunas de las reformas que el país necesita.
En materia de telecomunicaciones y radiodifusión, estamos ante una nueva
oportunidad para modernizar el marco jurídico y crear un nuevo contexto para la
pluralidad en los medios de comunicación.
Sin embargo, para que los
compromisos asumidos en el Pacto por México sean reales y no se repitan las
experiencias previas en las cuales sólo ha permanecido el interés privado por
encima del bien común, la reforma integral a la radiodifusión y las
telecomunicaciones debe contener un mínimo de principios y criterios que
garanticen la salvaguarda de los derechos humanos, en particular el derecho a la
información y la libertad de expresión.
No basta con asegurar la
competencia, también es indispensable generar las condiciones necesarias para el
pluralismo y la diversidad, pues si hay un gran pendiente en la transición
democrática de este país es precisamente el de la reforma estructural del
concentrado sistema de medios. El Pacto por México obliga a sus firmantes a
cumplir los compromisos adquiridos; de lo contrario, se evidenciará una vez más
el miedo y sometimiento de la “clase política” al poder fáctico de la televisión
y las telecomunicaciones.
A continuación se enumeran los principios clave
que debe contener la reforma de medios. Consideramos que constituyen la base
que debe ser tomada en cuenta por el Consejo Rector del Pacto por México y el
Congreso de la Unión al momento de dictaminar las iniciativas y reformas
constitucionales:
1. Una perspectiva transversal
de derechos humanos que garantice la libertad de expresión y el
derecho a la información, de acuerdo a los más altos estándares de derechos
humanos internacionales.
2. Una ley
convergente visionaria que integre y regule todos los
servicios, tecnologías y plataformas de distribución de servicios de
telecomunicaciones, incluidas la radiodifusión y la banda
ancha.
3. Creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones
y de Contenidos Audiovisuales con autonomía constitucional, para
prevenir riesgos de captura regulatoria y lograr su gestión transparente e
independiente de asuntos e instancias alejadas del interés público. Dicho
Instituto tendrá una integración multidisciplinaria que evite los conflictos de
interés, con amplias atribuciones en materia de radiodifusión y
telecomunicaciones, con un Consejo Consultivo vinculante y con comités técnicos
que tomen en cuenta la opinión de especialistas.
4.
Definir las telecomunicaciones como servicio público,
incluidas las señales radiodifundidas y la banda ancha. El Estado deberá
proteger, vigilar, fomentar y asegurar su máxima cobertura entre la población,
la eficacia en su prestación y su utilidad social, previniendo fenómenos de
concentración que contraríen el interés público, de acuerdo a lo señalado en el
artículo 28 de la Constitución. Además deberá legislarse para garantizar la
neutralidad de la red.
5. Crear una Comisión Nacional de Banda
Ancha que diseñe políticas públicas y coordine los trabajos de una
Agenda Digital que haga valer el servicio público de banda ancha con calidad
(velocidad) y conduzca al país hacia la Sociedad de la Información y el
Conocimiento. Tanto la Comisión como la Agenda Digital no sólo deben procurar el
acceso a las tecnologías y los servicios, sino fomentar una auténtica
alfabetización y cultura digitales que permitan a los usuarios mejores y más
productivos usos y apropiaciones de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, incrementar el conocimiento y niveles educativos de la
población, así como al Estado proveer mejores servicios
públicos.
6. Transparencia y eficiencia en la
administración y explotación del espectro radioeléctrico, con la
obligación de que la autoridad publique un Programa Anual con la disponibilidad
de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que podrán ser objeto de
licitación pública o asignación directa, los servicios que pueden prestarse,
usos y coberturas geográficas.
7. Homologar
concesiones y crear licencias únicas para la prestación de servicios
convergentes de telecomunicaciones. Sólo existirá la figura de concesión para
tres tipos de uso: comercial con fines de lucho, público-estatal y social y/o
comunitario sin fines de lucro. Debe desaparecer la figura de permiso que genera
tratos discriminatorios.
8. Establecer reglas
para que la digitalización de la televisión signifique más canales, a
través de la multiprogramación, para más operadores y no sólo para los actuales
concesionarios. La digitalización de la radiodifusión es una gran oportunidad
para romper con su actual
concentración.
9. Garantizar el servicio
público universal y gratuito de radiodifusión independientemente de su
plataforma de transmisión. Las señales radiodifundidas deberán distribuirse de
forma libre y gratuita a través de todos los sistemas de televisión restringida.
Debe respetarse plenamente el derecho de la sociedad a recibir en los sistemas
de televisión codificada las señales abiertas de radiodifusión (
must
carry y
must offer).
10. Reconocimiento legal a los
medios comunitarios y sociales a través de la figura de la concesión de
uso social sin fines de lucro. Lo anterior implica incorporar un procedimiento
simplificado y expedito de otorgamiento de frecuencias para grupos sociales y
comunidades, para fomentar la diversidad. Para 2018 debiera lograrse que al
menos cada municipio del país cuente con una emisora comunitaria. Con ese
propósito deberá establecerse una reserva de espectro de al menos 30 por
ciento.
11. Fomento y reconocimiento a los
medios públicos de Estado a través de su definición, funciones y
responsabilidades específicas para prestar el servicio público de radiodifusión.
La legislación debe asegurar su autonomía de gestión, subsistencia financiera,
independencia editorial y la conformación de órganos de gobierno y consultivos
colegiados que garanticen la participación social plural e incluyente. Los
consejos consultivos designarán al defensor de la audiencia y publicar los
códigos de ética correspondientes. Estas figuras de rendición de cuentas y
vinculación con la sociedad también son recomendables para los medios privados.
Es necesario que las frecuencias disponibles para televisión abierta también se
destinen para un sistema nacional de televisión pública, manejado por un
organismo con autonomía respecto del gobierno.
12.
Derecho de obtener ingresos adicionales, patrocinios y
donativos para la operación y el eficiente cumplimiento de la función
social tanto de medios públicos como comunitarios y
sociales.
13. Reglas de dominancia en
todos los servicios y mercados para evitar procesos de concentración que atenten
contra la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad y el bienestar de
los usuarios de servicios de telecomunicaciones como telefonía fija y móvil,
televisión restringida, banda ancha y radiodifusión. Deben establecerse
regulaciones específicas que impidan la comisión de conductas anticompetitivas y
colusivas, así como límites a la propiedad cruzada de medios cuando exista un
operador dominante en una región o localidad. En caso necesario las empresas
dominantes deberán llevar a cabo procesos de
desinversión.
14. Inversión extranjera
directa al cien por ciento en telecomunicaciones y
radiodifusión.
15. Cuotas de pantalla para la transmisión de
contenidos nacionales de calidad, con el fin de promover temáticas,
valores y principios de la identidad nacional y estimular la participación de
productores y contenidos locales.
16. Publicidad equilibrada y
respeto a contenidos audiovisuales. La autoridad en materia de
radiodifusión debe vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la ley
señale para la transmisión de espacios comerciales. Se evitará la publicidad
engañosa y/o subrepticia. Se debe respetar la integridad de películas, eventos
deportivos, conciertos y otros espectáculos, con reglas para impedir que los
anuncios e inserciones publicitarias alteren esos contenidos.
17. Fomento a la producción
nacional independiente; al menos 20 por ciento de la programación de
los medios de radiodifusión comerciales deberá ser contratada a productores
independientes con la finalidad de estimular la pluralidad de puntos de vista y
la diversidad de contenidos. Será obligación del Estado crear y mantener un
fondo de apoyo integrado a través de diversas fuentes de financiamiento para el
estímulo a la producción nacional independiente.
18.
Regulación de la programación y publicidad destinada al público
infantil, para que procure su sano desenvolvimiento físico y mental, no
promueva malos hábitos alimenticios ni conductas consumistas, ni fomente
contenidos sexistas, discriminatorios o violentos. El Estado tiene la obligación
de implementar una política pública dirigida a incrementar la calidad de la
programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes.
1 9. Sanciones que
disuadan a los radiodifusores y operadores de telecomunicaciones de
cometer o reincidir en prácticas monopólicas, anticompetitivas o que atenten
contra los derechos de las audiencias y los usuarios. Los montos recaudados por
concepto de multas deberán etiquetarse y destinarse a fondos que promuevan el
acceso universal a las telecomunicaciones, el apoyo a los medios públicos y el
estímulo a la producción nacional independiente.
20.
Derechos de los periodistas y los profesionales de la
información que respeten su libertad de conciencia y puedan negarse a participar
en la elaboración de informaciones contrarias a los principios del código de
ética, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio. Los medios deben estar
obligados a respetar cabalmente los derechos laborales de sus
trabajadores.
21.
Salvaguarda del
derecho de réplica para que las personas afectadas en
su honor, imagen o integridad moral por datos o información falsa, errónea,
calumniosa o difamatoria, pueda solicitar la corrección a través de
procedimientos eficientes y una institución encargada de velar por el cabal
cumplimiento del derecho de réplica.
Una reforma integral y convergente
de la radiodifusión y las telecomunicaciones que no contemple al menos los
principios básicos enumerados, estaría lejos de contribuir a la función social y
la democratización del sistema de medios de comunicación en México. Las reformas
parciales soslayan el hecho de que el sistema de comunicaciones es convergente y
se haya completamente integrado. Cualquier acción u omisión impacta en el resto
de las dinámicas de comunicación y el atraso que presenta México en la materia
no admite mayores demoras. Consideramos que la salvaguarda de los derechos
humanos debiera atravesar de cabo a rabo la iniciativa de ley, en particular el
derecho a la información y la libertad de expresión. Las autoridades y los
legisladores deben sacudirse la presión de los poderes fácticos mediáticos y
comprender que ninguna reforma del Estado será completa ni viable sin la reforma
de medios.
México,
D. F., 14 de diciembre de 2012.
Asociación Mexicana de Derecho a la
Información
Aleida Calleja
Presidenta
Alberto Aziz
Nassif
Coordinador del Consejo Consultivo
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